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El objeto del presente trabajo nos ha situado ante la importante cuestión de la protección de los derechos fundamentales y libertades públicas, cuyo reconocimiento caracteriza a todo Estado de Derecho. Ello no puede dejar de tener consecuencias en el campo procesal, ya que se deben establecer los mecanismos necesarios para asegurar su efectividad. Así, en el art. 53.2 CE se establece la previsión de un procedimiento sumario y preferente ante los Tribunales ordinarios, que se complementa con la ulterior posibilidad de acudir en amparo ante el Tribunal Constitucional.
Dos aspectos merecen ser destacados en la regulación que la Ley de Procedimiento Laboral hace de la modalidad procesal de tutela de la libertad sindical y de los demás derechos fundamentales y libertades públicas: La posibilidad de sus-pensión cautelar de la conducta o de los actos atentatorios al derecho, así como, las especialidades que rigen en materia de prueba.
En este artículo se analizan los trámites procesales de ambas figuras, destacando sus aspectos más problemáticos, así como la interpretación que la doctrina y la jurisprudencia han dado a los mismos.
