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Ana María Monclús Salamero, Mar Rueda Tomás
Tras la actualización recogida en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1983 no se había permitido ninguna revalorización de balances en nuestro país.
Desde hace algún tiempo habían sido unánimes las peticiones de una norma que permitiera realizar la corrección de los valores contables que habían quedado desfasados por efecto de la inflación.
En 1996 se autorizó la esperada actualización de balances para empresas y profesionales. Se trata de una operación voluntaria que afecta únicamente a determinados elementos de activo, aunque en caso de realizarla debe hacerse sobre la totalidad de los elementos susceptibles de la misma.
En este trabajo se ha pretendido mostrar cuáles son los criterios a tener en cuenta y cómo se deben practicar las operaciones tendentes a la consecución de valores actualizados.
