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En este artículo se parte del recordatorio del marco constitucional que implica el reconocimiento de la autonomía local, para intentar una aproximación concreta a alguno de sus contenidos. Se trata de poner de manifiesto en qué medida el reconocimiento de la autonomía de los Municipios y las Provincias «para la gestión de sus respectivos intereses» se proyecta a un ámbito tan significativo como la organización y la gestión del propio personal, que supone más de la quinta parte del personal al servicio de todas las Administraciones públicas en el Estado español. De la puesta en práctica del modelo unitario de función pública por parte de la legislación estatal, y de la escasa capacidad normativa real de las Comunidades Autónomas, se deduce que las Administraciones Locales están claramente condicionadas por la regulación que previa-mente llevan a cabo aquellas otras Entidades que tienen un ámbito y unos intereses superiores, habida cuenta, además que las posibilidades de incidencia se justifican al mismo tiempo desde la competencia en materia de régimen local y desde la competencia en materia de régimen jurídico del personal en sentido estricto. El muy limita-do papel �en términos generales, pero sobre todo el estrecho margen en términos de potestad normativa� que corresponde a las Entidades locales respecto al personal a su servicio. El extraordinario condicionamiento de la potestad normativa local sobre su propio personal no apunta tanto a que las competencias locales sean despreciables o inexistentes, cuanto al pálido reflejo que en este campo adquiere la autonomía local. Al pormenorizar el alcance de estas competencias, tal y como se desprende de la legislación estatal básica, se comprende que las mismas se refieren esencialmente a meras funciones ejecutivas de carácter secundario, en aplicación del sistema de función pública vigente en todo el Estado
