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Paulina Vidal Pollarolo
Chile, a pesar de haber suscrito acuerdos internacionales en Conferencias de Naciones Unidas que reconocen como sujetos de derechos a las y los jóvenes en el ámbito de la sexualidad, no difunde los derechos sexuales y reproductivos ni desarrolla políticas públicas específicas para que este grupo de la población los conozca y pueda ejercerlos.
Esto se debe, en gran medida, a la existencia de poderes fácticos como la jerarquía de la Iglesia Católica que impone un discurso conservador en los temas de familia y sexualidad. Este discurso, sin embargo, no responde al comportamiento sexual de los y las jóvenes, quienes reconocen tener una vida sexual activa.
Este artículo será abordado desde un enfoque de derechos, según el cual el diseño e implementación de programas de educación sexual debe responder a las necesidades de las y los jóvenes.
