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María Elósegui Itxaso 
Los criterios jurídicos de adquisición de la nacionalidad son cruciales en la integración de las personas en la sociedad, porque dan acceso al derecho de voto. Hasta ahora ha sido frecuente utilizar como criterios el ius soli (nacimiento) y el ius sanguinis (se hereda la nacionalidad de los padres), que obedecen a planteamientos previos antropológicos y que los juristas asumen sin reflexionar sobre ellos, o considerándolos tradiciones inamovibles. En este sentido, la propuesta de la autora en este trabajo consiste en asumir que hay que reformar algunos de esos criterios legales, pero tampoco de un modo desordenado. Por una parte, pueden respetarse algunos de los criterios étnicos, pero por otra, hay que agilizar los procesos de adquisición de la nacionalidad admitiendo la voluntad de las personas en querer cambiar de nacionalidad al trasladarse a un nuevo país de residencia. A su vez, hay que establecer unos cauces de exigencia de aceptación de los valores democráticos y del sistema de derecho del país de acogida, por lo que sería justo exigir un tiempo previo de aprendizaje antes de otorgar el derecho a la nacionalidad y el derecho al sufragio. Añade, además, y asume como base, algunas de las tesis de inclusión de Habermas, pero subraya que hay que articular ese discurso en soluciones jurídicas concretas y factibles, es decir, de un modo realista.
