Acceso usuarios
Ana María Chocrón Giráldez
El proceso penal español se encuentra sometido en la actualidad a una interesante revisión en torno a las funciones que está llamado a desempeñar. Así, examinado desde la óptica de los derechos y garantías fundamen tales que establece la Constitución de 1978, el proceso penal asume no sólo la aplicación del ius puniendi, sino que concentra otras funciones que tienen como eje principal al agresor y la víctima. Ahora bien, si durante décadas ha sido examinado desde la perspectiva de las garantías constitucionales de defensa del imputado y de las exigencias derivadas del derecho a un proceso justo, asistimos en la actualidad a la reivindicación de un espacio efectivo para la víctima dentro del proceso penal. Este trabajo propone analizar esta nueva configuración desde la propia Constitución y concretamente a partir de su artículo 24 para evaluar los me canismos de respuesta de nuestro sistema judicial para hacer frente a los intereses legítimos de quienes han sido víctimas de un delito.
