La creciente descentralización y flexibilización de la actividad productiva a través del sistema de contratas y subcontratas ha generado diversos problemas a la hora de delimitar las responsabilidades existentes en las relaciones interempresariales. Para proteger los derechos fundamentales de los trabajadores, la legislación ha establecido criterios normativos especiales para determinar dichas responsabilidades. En este aspecto, destaca el art. 24 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales al regular la responsabilidad empresarial en materia de salud laboral e incidir en la denominada "contrata de propia actividad". En este sentido, también hay que tener en cuenta la Ley 32/2006 y el Real Decreto 1109/2007 que analizan las particularidades específicas en el sector de la construcción.