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La ley electoral fue aprobada prácticamente por unanimidad hace treinta años. Pero, a pesar de que el sistema electoral español ha cosechado críticas desde que iniciara su andadura y pese a algunas disfunciones, ha dado un buen resultado en lo más básico: proporcionar altas cotas de gobernabilidad y estabilidad institucional. La legitimidad de los representantes políticos españoles nunca ha sido cuestionada, se hayan conformado Gobiernos con mayorías absolutas o como fruto de la negociación política, cuando se ha tenido que llegar a acuerdos para poder gobernar en minoría. Por ello, si se considera una reforma de la ley electoral es necesario tener en cuenta las consecuencias que puede tener sobre la gobernabilidad.
