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La tutela jurídica que el Estado pretende realizar con su actividad tiene fundamento en una potestad punitiva, que no solo entiende a las penas, sino también otros mecanismos correctivos respecto de individuos, que por sus particulares circunstancias actúan típicamente, sin que exista conciencia al bien jurídico.
En estos casos, la deficiencia del elemento subjetivo torna impensable la aplicación de una pena, dando nacimiento a mecanismos para conductas de incapaces llamados inimputables.
En general la doctrina manifiesta que la imputabilidad es quien posee las facultades necesarias para conocer su hecho en la forma y extensión requeridas por la ley. Los requisitos de la imputabilidad son la madurez, la salud mental y la plenitud de conciencia. En consecuencia cuando falta solo alguno de estos requisitos estamos ante situaciones de inimputabilidad.
