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Uno de los temas que al parecer está retrasando el deseable acuerdo que permita abordar sin más dilación la necesaria reforma del proceso penal es el que se refiere a la instrucción, y más concretamente el de decidir a qué órgano encomendar esta fase procesal. El autor aboga por un modelo en el que queden claramente definidas las funciones del juez y del fiscal, dejando a un lado el actual sistema de responsabilidad compartida.
