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Las notorias diferencias en el grado de rigor y en la efectividad práctica de las normas fiscales, laborales, medioambientales, sanitarias, etcétera, aplicables en los diferentes países, se constituyen en una fuente muy importante de posibles restricciones al comercio, no siempre amparables por el artículo XX del GATT y que han dado lugar a multitud de contenciosos. La única solución satisfactoria a este dilema está en la armonización internacional de las citadas normas, lo que en definitiva conduciría a un proceso de «integración positiva» de los mercados, semejante al que ha tenido lugar en la Unión Europa. Sin embargo, es muy dudoso que la OMC esté preparada institucionalmente para acoger e impulsar dicho proceso.
