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El autor estudia la aportación científico-policial al proceso penal enmarcándola en las tensiones entre el programático principio constitucional de la presunción de inocencia y las exigencias prácticas de la investigación penal. En definitiva, en la eficacia de la acción policial en el marco de las garantías de los derechos fundamentales. Estima que la actividad de la policía científico-judicial rompe los moldes de los esquemas probatorios para la actividad policial de nuestra decimonónica LECrim, fundados en las pruebas personales testificales, periciales y documentales, haciendo un repaso de la jurisprudencia y de la legislación que progresivamente ha ido dotando de mayor eficacia probatoria a los informes de la policía científico-judicial, en base a su objetividad e imparcialidad. No obstante, los principios de la prueba penal obligan a someter esa actividad a los mismos, desde el respeto al principio de presunción de inocencia, siendo necesaria una reforma legislativa al respecto que aborde junto con este tema todo el relativo a la investigación penal y los derechos fundamentales.
