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Tras repasar brevemente cómo han limitado los diferentes ordenamientos (desde el Derecho romano a las codificaciones del siglo XIX) los derechos de los sordos por razón de su discapacidad, se analizan los principios de la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CIDPD) con mayor incidencia en la problemática de las personas con discapacidad auditiva y se fundamenta la necesidad de que, en ejecución de los mismos, la reciente normativa sobre lenguas de señas españolas sea complementada y desarrollada potenciando la intervención de intérpretes oficiales convenientemente formados.
