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El 13 de septiembre de 2007, tras más de 20 años de negociaciones, la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. En ella se reconoce por primera vez el derecho a la libre determinación de los pueblos indígenas, su derecho a la propiedad de la tierra y los recursos y derechos colectivos. Estos reconocimientos han sido los principales puntos de fricción en la negociación entre indígenas y Estados, ambos participantes en el diseño de un instrumento que recuerda la obligación moral de solventar las desigualdades y discriminación sufrida por los pueblos indígenas. La Declaración se presenta como el marco bajo el que reformular las relaciones entre indígenas, Estados y sectores no indígenas a partir de un enfoque basado en los derechos, lo que implicará importantes desafíos respecto a reformas legislativas y constitucionales. Rodolfo Stavenhagen, experto y Relator Especial para los pueblos indígenas de Naciones Unidas desde 2001 hasta mayo de 2008, fue uno de los protagonistas del proceso.
