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Erick R. Torrico Villanueva
En abril de 2000 afloró en Bolivia la primera manifestación evidente de que el modelo económico-político implantado 15 años antes había llegado a su límite y de que la forma democrática que lo soportaba estaba ingresando en una fase de descomposición acelerada.
La aplicación en agosto de 1985 del programa de ajuste estructural recomendado por los organismos financieros multilaterales supuso una clara ruptura con el esquema estatalista prevaleciente hasta entonces desde la revolución nacionalista y modernizadora de 1952. Para aquel mes, la democracia tenía poco menos de tres años de reconstituida en el país, pero fue ese el momento en que las élites tecnocráticas afines a las políticas de libre mercado se impusieron a las fuerzas partidarias y sindicales que habían resistido a tres sexenios de dictaduras militares conquistando el restablecimiento del régimen democrático al que ansiaban darle un contenido y una orientación de carácter popular.
La hegemonía neoconservadora quedó instituida y redefinió los parámetros de las relaciones entre Estado, economía y sociedad, lo cual impulsó también una reconfiguración del espacio difusivo con un notable predominio de los medios comerciales -especialmente los televisivos- y un repliegue forzado de los de naturaleza contestataria y comunitaria. Sin embargo, a lo largo de una década y media no sólo que la política formal y sus principales actores perdieron casi todo crédito sino que también lo hicieron los mass-media, que contribuyeron a la deslegitimación de la democracia, sus instituciones y protagonistas a la par que desplegaron conductas cuestionadas por la ciudadanía: vinculaciones abiertas con el ámbito político, pretensiones de sustituir a las mediaciones políticas, improvisación profesional y prácticas crecientemente sensacionalistas.
Así, política y medios entraron en una situación crítica que incubó, en distintos pero consecutivos lapsos, protestas sociales cada vez más organizadas y coherentes. La pérdida de autoridad estatal fue puesta en evidencia sucesivamente en abril y septiembre de 2000, febrero y octubre de 2003 y mayo-junio de 2005. En ese transcurso dos gobernantes fueron obligados a dimitir, perecieron más de 70 personas, al menos otras 200 resultaron heridas, policías y militares se enfrentaron a balazos, instalaciones de la administración pública y de los partidos censurados fueron destruidas, el estado de excepción dejó de tener efecto como recurso estatal de control, vehículos y periodistas de diversos medios fueron objeto de agresiones, se polarizó el escenario mediático y la anteriormente habitual valoración ciudadana positiva del trabajo periodístico cayó de forma notable. La hegemonía del modelo de 1985 dejó de ser tal.
La ponencia se propone dar cuenta de ese proceso mediante una revisión del contexto político y otra del desempeño de los medios informativos con especial atención en el de la prensa diaria. Se parte del supuesto de que ésta participa activamente de la vida política del país mediante sus narrativas de descripción, enjuiciamiento o análisis y se busca referir sus trayectorias ante la incertidumbre de una desorganización a la que ella misma aportó hasta que los contecimientos desembocaron en una salida reordenadora más bien inesperada: la victoria del candidato indígena Evo Morales -y, por tanto, de los movimientos sociales anti-partido- en las elecciones generales de diciembre de 2005.
