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Uno de los cambios más importantes en el proceso de democratización en México ha sido el de las relaciones entre poderes y entre el ejecutivo federal y los gobiernos estatales. Las gubernaturas han cobrado una gran autonomía debido tanto a la descentralización administrativa y financiera que el ejecutivo federal emprendió desde la década de los ochenta, como a la aparición de gobernantes procedentes de partidos distintos del PRI. Ese proceso, aunado a la alternancia en la presidencia, ha permitido que los gobernadores puedan agruparse y proponer medidas que pretenden modificar el actual esquema de distribución del presupuesto federal. Pese a que ello revela un acotamiento al anterior del presidencialismo, no constituye un real avance democrático porque los gobernadores en ocasiones sólo buscan el fortalecimiento de grupos y liderazgos locales que amenazan el centro federal, encargado del equilibrio del país.
