La protección ambiental se configura constitucionalmente como una «acción de amparo, ayuda, defensa y fomento, guarda y custodia, tanto preventiva como represiva», y en un sentido más amplio como acción tuitiva que, por su propia condición, se condensa en otro concepto jurídico indeterminado cuya concreción corresponde tanto a las normas como a las actuaciones para su íntegro cumplimiento. STC 102/1995, de 26 junio (Asunto Ley 4/1989, de 27 de marzo, de Conservación de los Espacios Naturales y de la Flora y Fauna Silvestre (FJ7).