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Este Reglamento incorpora al Derecho interno UE el Convenio de Roma de 1980, sobre obligaciones contractuales, e introduce reglas nuevas. Inicia el proceso de creación del Derecho contractual europeo, contribuye a la realización de dos objetivos estratégicos: la creación de un espacio de libertad, justicia y seguridad, y de un mercado interior. Su objetivo es incrementar la seguridad jurídica en el espacio judicial europeo haciendo previsibles las reglas para solucionar los conflictos de Leyes en materia contractual, reconociéndose libertad a las partes para determinar la ley aplicable a su contrato, sin perjuicio de la competencia del Juez para que pueda determinar qué ley tiene «vínculos más estrechos» con el litigio.
