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Es un lugar común señalar que la educación es una herramienta fundamental para el desarrollo de los países y que, en regiones como América Latina, constituye un motor indispensable para reducir la pobreza y las brechas y malestares generados por la desigualdad y la discriminación. Pero, la cantidad, la calidad y los esfuerzos realizados por los actores públicos de la región para mejorar las condiciones educativas de los ciudadanos, en particular las de los sectores más excluidos, indicarían que la educación es una prioridad sólo para unos pocos. Pareciera que para una mayoría de gestores y decisores de políticas de desarrollo, es suficiente con mantener el incremento de la cobertura educativa porque, más allá de los pronunciamientos oficiales, la realidad muestra un descuido frente a otros retos, reflejado en la exigua inversión dirigida al sector educativo en la mayoría de países, la inequidad entre sectores rurales, indígenas y urbanos, entre clases altas, medias y pobres, o la escasa calidad y pertinencia de los contenidos educativos en relación con los procesos y las demandas de desarrollo locales, nacionales e internacionales.
