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La aprobación de la Ley 42/2007, de 13 de diciembre, del Patrimonio Natural y la Biodiversidad (en adelante, LPNB) ha suscitado un debate acerca de las disposiciones relativas a la caza. Este debate viene de lejos y, en buena medida, refleja, todavía hoy, veintidós años después de la incorporación del Estado español a las Comunidades Europeas, un cierto desconocimiento de los pilares básicos del ordenamiento jurídico comunitario en esta materia.
