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María Natalia Bermúdez
Mucho se ha dicho recientemente acerca de las desigualdades sociales, políticas sociales y los vínculos que organizan entre Estado y Sociedad. En particular, Pierre Rosanvallon toma el desafío de restablecer la noción de ciudadanía y de pensar una sociedad más justa en el marco de patrones capitalistas de organización. Para ello, esboza la categoría de �derecho procesal� en su discusión con la tradición liberal del derecho y reinterpreta desde allí el sentido de las intervenciones estatales destinadas al desempleo en nuestros días.
El presente trabajo se propone realizar una lectura crítica de aquella propuesta a partir de una revisión de los diagnósticos prevalecientes sobre exclusión, políticas de empleo y derechos sociales en nuestro país. Con este objetivo en mente, las primeras tres secciones del artículo apuntan a desentrañar la paradoja aparente que devuelven los planteos locales y que Rosanvallon también reconoce en el discurso de las Ciencias Sociales europeas: heterogeneización radical de la población expulsada del proceso productivo e individualización de las prestaciones para desempleados como factor de debilitamiento de la ciudadanía vs. ininteligibilidad creciente de estas circunstancias. La última sección pretende demostrar que la propuesta de Rosanvallon ofrece numerosas continuidades con los lineamientos políticos que subyacen a la producción autóctona revisada a tal punto que el giro que plantea finalmente sofistica y refuerza las orientaciones que procura abandonar por dos vías. Primero, reedita conceptualmente la visión individualista y consensual de los procesos socio-políticos en marcha, y segundo, aporta nuevos argumentos a las prácticas que estos discursos organizan. Así, termina bosquejando por otro camino estatutos diferenciales de �pertenencia� constitutivos de los actuales procesos de relegamiento.
