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María Dolores Montávez Garcés, María del Carmen Díaz Roldán, Oscar Bajo Rubio
A partir de la influyente contribución de Aschauer (1989), el papel de la inversión pública ha sido destacado como un elemento de primera mag-nitud a la hora de fomentar la productividad del capital privado, lo que a su vez redundaría en un mayor crecimiento económico. Si bien los primeros estudios empíricos utilizaron datos de series temporales para países, este enfoque ha sido extendido también a un contexto regional utilizando datos de panel, obteniéndose resultados en general favorables al importante papel desempeñado por las infraestructuras públicas en el crecimiento regional.
En un estudio reciente, Karras (199 desarrolla una condición senci-lla para evaluar si el capital público se encuentra dotado óptimamente. Par-tiendo de un modelo dinámico de crecimiento con rendimientos constantes a escala para el conjunto de los factores productivos, la dota-ción de capital público seria óptima si su productividad marginal fuera Igual a la del capital privado, siempre y cuando este último estuviera también dotado óptimamente. De esta manera, si la productividad marginal del ca-pital público fuera mayor (menor) que la del capital privado, un incremento de una unidad en el stock de capital público llevarla a un aumento del nivel de producción agregada que serla mayor (menor) que el derivado un in-cremento igual en el stock de capital privado, lo que indicaría que el stock de capital público seria inferior (superior) al óptimo.
El objetivo de este trabajo es intentar analizar, en un marco regional, si las dotaciones de capital público son óptimas o no, utilizando datos espa-ñoles para el periodo 1965-1995. A diferencia de Karras, en el modelo teó-rico no supondremos ningún grado particular de rendimientos a escala para el conjunto de los factores productivos, lo que nos permitirá generalizar la condición obtenida por este autor más allá del caso particular de rendi-mientos constantes. Dicha condición ha sido contrastada empíricamente para el caso de las comunidades autónomas españolas, mediante la estima-ción de una función de producción que incluye el capital público como un factor productivo adicional, calculándose a continuación las productividades marginales del capital público y del capital privado a partir de las elasticida-des estimadas y de sus productividades medias a lo largo del periodo muestral.
Los resultados obtenidos mostraban un efecto positivo del capital público sobre la evolución dei PIB por trabajador, si bien su productividad marginal serla inferior a la del capital privado. Sin embargo, cuando se divi-día el total de regiones entre aquellas con un PIB por trabajador por enci-ma y por debajo de la media española, el resultado anterior sólo se mantendría para las regiones menos productivas, al tiempo que se obtenía el resultado contrario (es decir, una mayor productividad marginal para el capital público que para el capital privado) para el caso de las regiones más productivas. Por lo tanto, y suponiendo que el capital privado estuviera óptimamente dotado, estos resultados sugerirían que las dotaciones de ca-pital público serían insuficientes en las regiones más productivas, ocurrien-do lo contrario en las regiones menos productivas.
En cualquier caso, el resultado anterior, basado en consideraciones de estricta eficiencia, no deberla tomarse al pie de la letra. Dejando aparte consideraciones de equidad, que podrían justificar por sí mismas el uso de una política regional de infraestructuras como instrumento redistributivo, la necesidad de una mayor inversión en capital tanto privado como público con objeto de favorecer la convergencia real con los países más avanzados de la Unión Europea, podría constituir un motivo importante para la provi-sión de una mayor inversión en infraestructuras públicas, incluso en las re-giones más pobres. En particular, una política regional de infraestructuras dirigida a las regiones más pobres podría justificarse como medio de atracción de una mayor inversión privada hacia dichas regiones
