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Aceptado como algo normal la responsabilidad de la Administración -Poder Ejecutivo o Poder Judicial- por el daño que provoca a los ciudadanos como consecuencia de su mal funcionamiento y, por tanto, su obligación de reparar el citado daño mediante el abono, normalmente, de una indemnización compensatoria, existe, sin embargo, una fuerte resistencia a admitir la misma responsabilidad cuando quién tiene un actuar ilícito es el Poder Legislativo, bien sea por violentar la Constitución, bien lo sea por contradecir el Derecho comunitario. El presente trabajo pretende poner de manifiesto que también las actuaciones ilícitas del Poder Legislativo deben generar, de forma general, el correlativo derecho de los ciudadanos afectados a obtener la correspondiente reparación, sin perjuicio de que la ponderación de los intereses en juego -a saber, el público y el particular subyacente- pueda conducir, en ocasiones excepcionales, a la neutralización de esa obligación.
