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Ante la reducida eficacia de las últimas reformas legales en la Ley de Enjuiciamiento civil que pretendían agilizar los juicios de desahucio y la inexistencia de la entrada en vigor de los «juicios rápidos civiles de desahucio» se analiza la viabilidad legal de incluir en el Código Penal un capítulo relacionado con los «delitos inmobiliarios» en donde ubicar uno específico dedicado a los supuestos en los que el inquilino dejar de pagar las rentas debidas por el contrato de arrendamiento y, aun a sabiendas de su situación de morosidad y su obligación de satisfacer las rentas debidas, permanece en la continuidad posesoria del inmueble impidiendo la recuperación de la misma por el arrendador. Con ello no se sanciona el impago de rentas, sino la no devolución posesoria del inmueble a sabiendas de la situación de morosidad. Se realiza un estudio detallado de esta opción ante la crisis del sector, por un lado, y el abuso que se está haciendo de la debilidad del sistema judicial para conseguir recuperar la posesión de los inmuebles ante el impago de rentas y la posición claramente dolosa de estos profesionales de la morosidad del alquiler. Se añade la propuesta de la creación de un Registro Central de morosos del alquiler.
