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La implantación por la Ley Orgánica de la Educación de la asignatura obligatoria de «Educación para la Ciudadanía y los Derechos Humanos» y de la «Educación Cívico-Ética», en determinados cursos de la Enseñanza Primaria y de la ESO, ha suscitado no sólo un amplio debate político-social sino que ha provocado una extensa reacción en forma de recursos contra resoluciones de las Administraciones educativas de aquellas Comunidades Autónomas que han rechazado el «derecho a la objeción de conciencia», es decir a no cursar tales asignaturas por incidir en el ámbito de la formación moral y violar la libertad ideológica y religiosa. Las respuestas judiciales han sido diversas en la primera instancia, en espera del pronunciamiento del Tribunal Supremo.
