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Ante la gran cantidad de instrumentos normativos de carácter procesal penal, aprobados en el marco de la Unión Europea, el autor se pregunta si tiene sentido crear normas, instituciones y competencias procesales penales europeas y si ésta es la solución a los graves problemas de criminalidad que afectan a la sociedad actual. Analiza el autor la necesidad de que previamente exista un Derecho Penal europeo, y una política criminal europea que le sirva de soporte, para que la cooperación policial y judicial sea realmente eficiente y no genere engaños e ilusiones en los ciudadanos.
