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La mediación penal carece de respaldo legal en España pero cuenta con creciente apoyo entre algunos juristas y, sobre todo, psicólogos, sociólogos y profesionales del mundo asistencial. De hecho, existen asociaciones que prestan tales servicios con la tolerancia, cuando no la colaboración, de determinados juzgados y fiscales. Se habla de experiencias piloto y se ganan adeptos en el propio Consejo General del Poder Judicial. Sin embargo, aunque aceptables dentro de ciertos límites, son prácticas difícilmente compatibles con un proceso penal impulsado de oficio.
