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El tratamiento jurídico de la infancia y la adolescencia en América Latina se remonta a la primera década del siglo XX. En 1919 se promulga en Argentina la ley 10.903. Se consolida así la intervención del Estado en la vida de los niños pobres, disponiendo arbitrariamente de todo menor que hubiera cometido delito y/ o se encontrara material o moralmente abandonado. Paulatinamente se genera una poderosa maquinaria de instituciones con niños alejados de sus familias. La protección a la infancia -abandonada, pobre y supuestamente delincuente- resulta ser blanco de una intervención estatal ilimitada. La Declaración de los Derechos Humanos y la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño representan un cambio de paradigma. Se reconoce a niños/as como sujetos de derechos. No obstante, aún resulta dificultosa adecuación de políticas, medios y leyes para el sólido establecimiento de la Doctrina de Protección Integral. El Estado, como sostén y garante, aun no ha brindado las respuestas necesarias, demasiados intereses sectoriales, económicos y de poder se interponen permanentemente en la problemática de la infancia.
