Acceso usuarios
Gregorio Cámara Villar 
El Tratado de Prüm es un tratado tradicional que establece las bases para una cooperación gubernamental, al margen del marco comunitario establecido para la cooperación policial y judicial en materia penal, entre un número limitado de Estados miembros de la Unión Europea. Persigue fundamentalmente una mejora en el intercambio de información, mediante una intensificación de la cooperación, para la lucha contra el terrorismo, la delincuencia transfronteriza y la migración ilegal. A estos propósitos prevé, bajo determinadas condiciones, el acceso automatizado directo de las autoridades policiales de un Estado firmante a determinados datos personales y a otras informaciones en poder de otro Estado mediante la designación por cada uno de ellos de los puntos de contacto nacionales, que se regirán por el Derecho interno.
Este artículo considera y valora el Tratado, por un lado, desde la perspectiva de que la identidad y legitimidad de la Unión a la que pertenecen los Estados firmantes, fundada sobre la protección de los derechos fundamentales, demandaría una única voz y un mismo modelo en los planos jurídico y político para el tratamiento de estas cuestiones; y, por otro, desde la perspectiva de su incidencia específica en relación con la protección de los derechos y, en particular, de los datos y del derecho a la vida privada de las personas, en un ambiente marcado por el incremento exponencial de la vigilancia estatal y, consiguientemente, de la recogida de datos, su interoperabilidad y disponibilidad para un número amplio de autoridades de difícil control democrático a partir de justificaciones que, aunque poderosas por la dimensión de la amenaza del fenómeno terrorista y su percepción colectiva, no dejan de ser lo suficientemente difusas en algunos casos como para poder servir a otros fines diferentes y suponer amenazas potenciales a la libertad. Para ello se exponen con cierto detalle las medidas que en el Tratado se adoptan y se examinan desde una perspectiva crítica las concretas garantías jurídicas que se instrumentan para el adecuado respeto de los derechos fundamentales implicados.
