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La Ley Orgánica Española 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección contra la Violencia contra la Mujer, ha incorporado a la clasificación jurídica española un conjunto de medidas para luchar en forma positiva contra la discriminación que ha sufrido la mujer a lo largo de la historia. La incorporación de algunos actos de violencia en el concepto de «violencia de género» trae como consecuencia el reconocimiento de las mujeres víctimas de un conjunto de ayudas económicas públicas y laborales, pero no de otras víctimas de abuso doméstico (la mujer víctima de su padre o hijo, la mujer víctima de acoso sexual o moral en su trabajo, el hombre víctima de su esposa). Así, los beneficiarios son elegidos en función de su sexo, además de la relación que los une con el agresor, siempre que este sea de sexo masculino. Esta discriminación se basa en la justificación actual de todas las «discriminaciones positivas».
