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Rosa María Romero Sánchez
Hay una idea común que siempre es utilizada, tácita o expresamente, como punto de partida de cualquier análisis de la política local desde su perspectiva institucional: a partir de que la Constitución diseñara en el título VIII la configuración del Estado de las autonomías, el interés político ha estado orientado a desarrollar este título sin conceder apenas atención a la Administración Local. Sin embargo, el profundo cambio experimentado en España desde 1978 no ha dejado de tener su reflejo en los ayuntamientos y en los demás entes locales, desbordados en la mayoría de los casos por un cúmulo de servicios provenientes tanto de la demanda de los propios vecinos como de la atribución de funciones y competencias desde las otras Administraciones (central y autonómica). Para el Partido Popular, cualquier esfuerzo encaminado a cerrar el Estado de las autonomías habrá de recoger las inquietudes e intereses de la Administración Local, tanto por lo que respecta a su autonomía y competencias como a los medios económicos y financieros para materializar su autogobierno.
