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Pablo Lucas Murillo de la Cueva 
La situación en que se halla el ordenamiento jurídico español en materia de protección de datos es en cierto modo contradictoria, ya que existe un reconocimiento del carácter fundamental del derecho a la protección de datos y un marco jurídico que lo desarrolla, sin embargo, las regulaciones sectoriales de este derecho son insuficientes.
En el ámbito público, existe una normativa que tiene implicaciones directas con el tratamiento de datos de carácter personal (DCP), alguna en fase de aprobación, que en ocasiones únicamente se remite a la LOPD, y en otras es un tanto contradictoria con dicha ley orgánica. En cualquier caso, la AEPD y los tribunales deberán ser especialmente exigentes en la aplicación de esta normativa, a fin de proteger no sólo el derecho a la autodeterminación informativa, sino más allá, la propia libertad de las personas. El sector privado requiere de una mayor atención, ya que no se halla sujeto a condicionamientos institucionales y los DCP constituyen un bien cada vez más valioso sin que el ciudadano sea siempre consciente de ello. En consecuencia, la información, formación y uso de códigos tipo son cada vez más necesarios.
En definitiva, nos hallamos en el comienzo de una nueva etapa. Hay que abordar la defensa del derecho a la protección de DCP con los medios jurídicos de que se dispone y no parece suficiente ni adecuado dejar simplemente a la iniciativa privada la defensa del derecho fundamental a la protección de DCP. La solución adecuada para garantizar este derecho es tanto la intervención pública como la actuación privada, dirigiendo e impulsando la primera a la segunda Se precisan regulaciones acordadas internacionalmente que velen por una actuación coordinada en defensa del derecho a la autodeterminación informativa.
