Financiar la igualdad, una obligación implícita del Estado para atender a las situaciones de dependencia

• Autores: Josep Fargas Fernández
• Localización: Trabajo: Revista iberoamericana de relaciones laborales, ISSN 1136-3819, ISSN-e 2173-6812, Nº 18, 2006 (Ejemplar dedicado a: Aspectos laborales de la Ley 39 / 2006, de 14 de Diciembre, de promoción de la autonomía y atención a las personas), págs. 39-55
• Idioma: español
• DOI: 10.33776/trabajo.v18i0.103
• Enlaces
  • Texto completo
• Resumen

  • La Ley de promoción de la autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia, sigue las tendencias internacionales actuales en pro de la extensión de la Seguridad Social; entendida ésta como un sistema amplio e integrador de diversos subsistemas -entre ellos el nuevo SAAD-, que proporciona prestaciones económicas y servicios personales o sociales, y promueve la coordinación de todos los poderes públicos. A través de esta Ley básica, el Estado garantiza a los ciudadanos un nivel de protección mínimo, común e igual, al que tiene la obligación implícita (es la otra cara de la teoría de los poderes implícitos) de aportar los recursos financieros necesarios para que tal igual protección sea real y efectiva.