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El Estatuto de los Trabajadores es una pieza clave de la transición democrática y ha regulado las relaciones laborales y el derecho del trabajo tras 40 años de dictadura. Hay claros paralelismos entre la transición política y la sindical. En un caso Carrillo y en otro UGT entraron a la búsqueda de un "consenso" político y social que redujo seriamente las expectativas de la izquierda y de los trabajadores.
Las sucesivas reformas laborales y, especialmente las producidas desde la huelga general de enero de 1994, suponen un retroceso, prácticamente, continuo en los derechos legales de los trabajadores. Especial gravedad tuvo la reforma de 1997, en la que CCOO y UGT firmaron con el flamante gobierno de derechas del Partido Popular un abaratamiento del despido con el objetivo, nunca cumplido, de reducir la temporalidad. En el caso de CCOO, esta firma tuvo que ver con la búsqueda la legitimación de la mayoría de Antonio Gutiérrez en pleno conflicto interno y cuando se desarrollaba una auténtica caza de brujas de los sectores disidentes.
Actualmente se negocia una nueva reforma laboral, teóricamente para reducir los escandalosos niveles de precariedad en el empleo. Pero realmente lo que se ha puesto encima de la mesa por parte del gobierno del PSOE y de la patronal es un nuevo abaratamiento y una descausalización del despido. Así las cosas, los escenarios posibles son negativos para los trabajadores, a no ser que se produzca un cambio radical en la estrategia del movimiento sindical.
