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Elisa Gutiérrez Jiménez
La decisión de ratificar el Estatuto de Roma ha venido acompañada, en la mayoría de los países, de un debate generalizado y no exento de polémica, centrado en la compatibilidad de dicho texto, con las constituciones de los respectivos Estados. Particularmente, México se encuentra en un momento decisivo en cuanto a la incorporación de este instrumento internacional en su legislación interna. El estatuto fue firmado el 7 de septiembre de 2000; sin membargo, el proceso de ratificación no ha sido completado debido a que existe un gran desacuerdo respecto a la necesidad de reformar la Constitución mexicana, que contiene instituciones como el non bis in idem, la inmunidad y la prescripción de la acción penal, que se encuentran en aparente contradicción con los principios contenidos en el Estatuto de Roma. Este artículo propone una interpretación material del texto constitucional que concluye en la superación de las aparentes contradicciones entre el ordenamiento jurídico mexicano y el Estatuto de Roma, además, describe el actual estado de la ratificación de este instrumento internacional que ha conducido, en la práctica, a una debatida reforma constitucional.
