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Roberto Gargarella
Desde fines de los 90, y siguiendo una década de severos planes de ajuste estructural, América Latina fue surcada por numerosas experiencias de revueltas populares. Estas revueltas trajeron consigo masivas manifestaciones colectivas, altos niveles de agresión física y verbal contra políticos, jueces y funcionarios públicos, en general. Las protestas incluyeron, por ejemplo, la organización de ¿piquetes¿ destinados a bloquear el tráfico en las rutas principales, con el objeto de exigir empleo, comida, o el otorgamiento de subsidios; tanto como ruidosas manifestaciones (i.e., ¿cacerolazos¿). Estas agresiones a las autoridades públicas alcanzaron el domicilio y las propiedades de los últimos, tato como los edificios públicos en los que trabajaban (la sede del gobierno, las legislaturas, los tribunales). Entre otros resultados, dichas protestas forzaron la renuncia del presidente Raúl Cubas, en Paraguay, en 1999;la del presidente Alberto Fujimori, en Perú, en el 2000; la del presidente Jail Mahuuad, en Ecuador, en el 2000 (tanto como la remoción del presidente Abdala Bucaram, en 1996); la del presidente Sánchez de Lozada en Bolivia, en el 2002; y la del presidente Bertrand Aristide, en Haití, en el 2004. En la Argentina, estas protestas culminaron con una profunda crisis que incluyó el mandato de cinco presidentes distintos en menos de dos semanas. Por supuesto, esta manifestaciones fueron promovidas, en cada caso, a partir de circunstancias parcialmente diversas. Algunas fueron seguramente más legítimas que otras; algunas fueron más ¿espontáneas¿ o ¿genuinas¿ que otras; algunas resultaron más poderosas y duraderas que otras. De todos modos, la presencia de todas estas variaciones no deberían impedirnos que reconozcamos las similitudes que vincularon a estos acontecimientos, que aluden al tipo de crisis que se encuentra afectando a muchos órdenes legales contemporáneos.
