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Luis María Díez-Picazo y Ponce de León 
Existen dos grandes tipos de respuesta afirmativa a la reivindicación de reconocimiento del derecho a contraer matrimonio por parte de las parejas del mismo sexo: abrirles la puerta del matrimonio o crear una nueva institución. En este último supuesto, lo más frecuente es que su destinatario sean las parejas estables independientemente de que sean del mismo o de distinto sexo. En cuanto a la ampliación de la institución matrimonial a las parejas del mismo sexo, se trata por el momento de una opción claramente minoritaria. Y dentro de ésta, a su vez, es importante distinguir según el impulso inicial haya sido legislativo o judicial. En los países donde el impulso inicial ha sido judicial, el debate, como era de esperar, se ha planteado en términos constitucionales y, más en particular, de alcance de los derechos fundamentales. Primero, si la tradicional exigencia de diversidad de sexos para el matrimonio es discriminatoria; segundo, si la decisión legislativa de ampliar el matrimonio a las parejas del mismo sexo sería constitucionalmente legítima, especialmente desde el punto de vista del derecho fundamental al matrimonio reconocido en muchos textos constitucionales y en varios tratados internacionales.
