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Francisco Daniel Gómez Bueso
De manera análoga a lo que sucede en otros países de la región, la regulación de los derechos fundamentales en la legislación hondureña es relativamente completa, pero muchos de ellos carecen de plena vigencia en la práctica cotidiana. Tras varios periodos de inestabilidad política e institucional, particularmente en el siglo XX, caracterizados por las frecuentes interrupciones del régimen constitucional por gobiernos militares, la nueva etapa democrática abierta con la vigente Constitución de 1982 parece ir permitiendo, aunque a un ritmo lento, la consolidación de algunas instituciones y procedimientos de garantía de los derechos. No obstante, el contraste con la realidad social que sigue viviendo el país (con un grado de inseguridad personal y de pobreza que convierte la emigración a otros países en la aspiración de muchos) no permite ocultar el largo camino que queda por recorrer para que las prescripciones de las normas puedan reconocerse suficientemente en la realidad descrita por la práctica cotidiana.
