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Roberto Enrique Rodríguez Meléndez
El acuerdo de paz que puso fin a principios de los noventa al largo conflicto armado de El Salvador supone el inicio de un proceso de transformación institucional, legal y social cuyo eje central es la construcción de un Estado democrático de derecho. Aunque cabe afirmar que tanto la administración de justicia como la defensa de los derechos humanos han mejorado sustancialmente desde entonces, la situación actual del país a este respecto dista de ser satisfactoria. Así, de una parte, persisten en la sociedad salvadoreña, asolada por una persistente conflictividad social que padecen sobre todo los sectores de la población menos favorecidos, hábitos incompatibles con los propios de una cultura democrática. Y, de otra parte, se ha producido una cierta apropiación de las incipientes estructuras democráticas y también del nuevo lenguaje técnico-jurídico por una clase dirigente, en el ámbito profesional y político, no precisamente sensibilizada con los derechos e intereses de los más desprotegidos. La consecuencia lógica de tales circunstancias es el desapego, cuando no la desconfianza, de buena parte de la ciudadanía, y especialmente de las clases populares, hacia las instituciones democráticas, en general, y la Administración de Justicia, en particular.
