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Las prácticas éticas, particularmente las cívicas o ciudadanas, están demostrando con toda propiedad que el desarrollo económico y político del Estado debería ir a la par con el cumplimiento de principios o normas de moralidad pública. En una sociedad cada vez más globalizada por el dominio de la razón técnica, es necesario orientar éticamente la racionalidad de nuestras acciones humanas hacia fines sociales mucho más justos, equitativos y democráticos. El ideal griego de la "res publica" todavía compromete al Estado moderno con la práctica de valores éticos. Sin éstos, la gobernabilidad de la sociedad se hace mucho más conflictiva, en vez de tolerante y consensuada. La inclusión de normas éticas y principios morales en las políticas públicas del estado social, es cada vez más legítima si se quiere que el Estado cumpla cabalmente su rol de integración social
