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Al tildar de « combatientes ilegales » a los detenidos capturados en Afganistán y otros lugares para conseguir privarlos de la protección prevista en las Convenciones de Ginebra bajo pretexto de la lucha contra el terrorismo, la Administración Bush ha violado con gravedad el Derecho Internacional Humanitario cuyo garante es el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR). Este debilitamiento de las normas universales hasta ahora reconocidas puede ser una explicación al trato degradante a los presos de Abú Ghraib en Irak o de Bagram en Afganistán. Además, podría volverse en el futuro en contra de sus autores al ser utilizado en cualquier acción arbitraria por los Estados Unidos como por países no democráticos. La intervención de la Corte Suprema de los Estados Unidos, originada por abogados y ONGs empeñados en proteger lo logrado en el ámbito del derecho nacional e internacional, ha inducido en cierta forma retrocesos de la Administración Bush. Sin embargo, esta sigue convencida de que las necesidades de la guerra en contra del terror justifican éste « nuevo paradigma ».
