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Domingo Carbajo Vasco
El desarrollo de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones, las ubicuas TIC, está transformando radicalmente la manera de hacer negocios y los instrumentos utilizados en los mismos. Un ejemplo evidente de este proceso de cambio se encuentra en la factura, documento, el cual, clásicamente, prueba la existencia de una operación mercantil y, tradicionalmente, siendo siempre planteado y "visualizado" como un documento escrito. La factura no sólo es relevante como elemento de prueba en el Derecho Mercantil, sino que una modalidad peculiar de la misma, la conocida en nuestro Derecho Financiero como "factura completa" aparece como un medio de prueba prevalente para las partidas deducibles y las deducciones, conforme al artículo 106.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. Por si esta importancia fuese poca para nuestro sistema fiscal, en el IVA la factura se configura como un documento esencial para el ejercicio del derecho a la deducción de los IVA soportados. De esta manera, resultaba un obstáculo para la economía moderna la exigencia de la Sexta Directiva del IVA de emitir, recibir y conservar facturas en papel; por lo cual, el Derecho Comunitario permitió recientemente la instrumentación del proceso de facturación de manera electrónica. El artículo comenta el desarrollo de este proceso legislativo en nuestro Derecho nacional tributario, anticipado en el tiempo a la normativa europea y desarrollado ampliamente en el nuevo Reglamento de facturación, Real Decreto 1496/2003. Asimismo, se comenta el vínculo de la factura electrónica con la seguridad, así como la necesidad, en principio, de firma electrónica cualificado para poder emitir esta modalidad de factura y los problemas y consecuencias jurídicas que estas exigencias conlleva. Por último, se expone la libertad que la Agencia Tributaria ha querido dar a la factura electrónica, así como el impulso a la misma, así como la escasa regulación que nuestro Derecho Tributario contiene al respecto.
