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Ramón Martín Mateo 
El problema de los montes vecinales, hoy de latente actualidad, hunde sus raíces en los orígenes del proceso municipalizador entroncando con la recepción en nuestra Patria de las ideas de la Revolución Francesa. Como consecuencia del desarrollo legislativo, determinadas comunidades, especialmente las ubicadas en las zonas del Norte y Noroeste de España, quedaron al margen del desarrollo ayuntamentista, manteniendo la detentación de sus bienes colectivos con arreglo a modalidades tradicionales, sorteando, con mayor o menor fortuna, los avatares de las épocas desamortizadoras. En la actualidad tales bienes, fundamentalmente de carácter forestal o forestable, se adscriben a comunidades a las que no se reconoce con nitidez personalidad jurídica pública, ni se califiquen decididamente como comunales a dichos bienes, que quedan desfasados del régimen que corresponde a este tipo de propiedad colectiva, pese a que sustancialmente no existen diferencias intrínsecas entre los bienes comunales de régimen común y los bienes vecinales. Ni la Ley de Montes ni el Apéndice Foral Gallego contribuyeron a resolver esta situación, limitándose a constatar fácticamente su existencia.
