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Antonio Agúndez Fernández
Analiza el autor en la primera parte de su exposición la necesidad de los tribunales de justicia como garantía de continuidad de la reforma agraria. Estéril sería la redistribución de tierras, pensando en su mayor productividad, si sólo se tuviesen en cuenta los estudios agronómicos, las conveniencias sociales y los poderes políticos del Estado que la realice con olvido de los principios de derecho garantizadores de la equidad en las expropiaciones y adjudicaciones, en el mantenimiento de las titularidades derivadas y de los disfrutes continuados de cada fundo. El proceso agrario tiene características propias que le imponen un sentido emificador de todos los conflictos conectados con la hacienda rural. Después de justificar la necesidad jurídica, expone el autor una panorámica de las normas procesales agrarias de los siguientes países iberoamericanos: Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Honduras, México, Perú, Uruguay y Venezuela. Como final, formula el autor unas conclusiones de tipo general en torno a esta especialización de la jurisdicción agraria en los países antes mencionados.
