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Es criterio general la necesidad de una intervención directa del Estado en diferentes asuntos que afectan a la comunidad. En materia social debe aplicarse el principio de la subsidiariedad, siendo este el caso de la agricultura y de la investigación. La investigación y sus consecuencias inmediatas de desarrollo tecnológico y transferencia de conocimientos al sector, debe ocupar un lugar preeminente en la acción del Estado. La investigación debe comprender todo el ámbito del mundo rural, proporcionar los materiales básicos para construir una política y plantearse con visión de futuro. El Estado ha de tener en conciencia de que sólo en el marco de unas políticas agrarias y de investigación, suficientemente definidas, podrá crear los instrumentos adecuados para el desarrollo tecnológico; debe intervenir en crear y mantener unas estructuras de trabajo que respondan a los requerimientos del sector y a la singularidad de la investigación; debe intervenir prestando el apoyo económico que la investigación requiera, así como para propiciar, desde todos los ángulos, el cambio que lleva aparejado el desarrollo tecnológico.
