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Al socaire de la crisis económica provocada por el encarecimiento de la energía en 1973, se propuso en 1977, con carácter más o menos oficial, "crear puestos de trabajo en la economía agraria mermando la aplicación de capital fijo, y por otro lado, y para compensar los mayores costes salariales por hectárea, aplicar más capital circulante y aumentar, así, la renta de la tierra que mitigase las subidas salariales". Pero esta tesis sólo es apropiada para la economía agraria de un país subdesarrollado, en el que la demanda de alimentos es creciente. Aportamos, la demostración empírica de cómo en España, Suecia, Estados Unidos, Noruega, Suiza, Francia, Finlandia, Italia, Irlanda y Japón, a medida que crece la productividad del trabajo se reduce la del capital, como obligada consecuencia de que el output sólo crece lo que le permite el débil aumento vegetativo de la población por su carácter de países desarrollados, ya que aunque aumente el nivel de vida se estanca la demanda de alimentos. Luego, en consecuencia, la tesis de "crear puestos de trabajo en la economía agraria", merced a inquietudes más o menos "sociales", resulta insostenible en un país desarrollado como España. Por el contrario, las inversiones agrarias se reducirían al ser nulos los beneficios del agricultor.
