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Una interpretación actualizada de las normas del Código Civil y de la Ley de Aguas relativas a las subterráneas puede fundamentar un criterio de solidaridad, que sustituya al de prioridad, hasta ahora mantenido, para la solución de los conflictos de intereses. La comunidad de estos mismos intereses, entre quienes pueden utilizar las aguas de un embalse subterráneo, posibilita -y aún exige- la promoción de un ente de gestión conjunta de tales aguas, siendo suficiente, para su constitución, el concurso de la mayoría de dichos intereses, conforme al artículo 398 del Código Civil. El artículo 7, número 2, del mismo Código prevé expresamente la adopción de medidas administrativas que impidan la persistencia en el abuso de derecho o en el ejercicio antisocial del mismo, en el supuesto de sobreexplotación. Podría bastar la adopción de estas medidas generales de intervención administrativa y de fomento de los consorcios de aguas subterráneas, mediante un Decreto que actualizase los que hoy regulan la acción del gobierno en el control y política de las mismas aguas, para que se lograse remediar los graves problemas que se derivan de la sobreexplotación de numerosos acuíferos.
