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Comienza el trabajo recordando las razones que motivaron al legislador español para dictar una nueva regulación del contrato de arrendamiento rústico, tradicionalmente considerado como consensual y basado en el principio de la autonomía de la voluntad. Sin embargo, estos rasgos sufren en la nueva Ley algunas modificaciones, ya iniciadas a partir de la regulación de los arrendamientos rústicos por Ley especial de 15 de marzo de 1935 y por las normas que la modificaron y complementaron, adoptando cambios que limitan la voluntad privada de las partes. La autora observa, en primer lugar, que se omite en la definición la nota de voluntariedad. Y ello se debe, en su opinión, a que la Ley prevé situaciones en las que la administración puede intervenir actuando sobre la iniciativa de los particulares, si éstos no reúnen determinados requisitos de capacidad, para dar lugar a un arrendamiento forzoso. La segunda particularidad es una aumento del intervencionismo administrativo, al someter al control del IRYDA buena parte del régimen jurídico y funcionamiento de la relación arrendaticia. A continuación, se examinan las limitaciones objetivas y subjetivas que la Ley señala entre los requisitos de capacidad para ser arrendatario, fijando límites al tamaño de la explotación arrendada y exigiendo la profesionalidad agrícola a todo arrendatario. Por último, se enumeran algunos aspectos concretos de la nueva Ley, que a juicio de la autora se consideran más progresivos, tales como la nueva regulación de la renta, las fórmulas arbitradas para que algunos arrendatarios accedan a la propiedad de las fincas arrendadas, y una más ágil ordenación de las mejoras, poniendo al alcance del empresario un procedimiento más idóneo para la realización de éstas.
