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La competencia en el mercado internacional y el reajuste de los gastos presupuestarios de la PAC, obligan a Francia a una política de rigor y restricciones económicas que están modificando las relaciones del Estado francés con las organizaciones profesionales. Es más, estas circunstancias se traducen en enfrentamientos entre las OPAS a la hora de armonizar el arbitraje entre los intereses en competencia y es el propio poder público quien en última instancia se ve obligado a decidir sobre materias que en otro tiempo se resolvían en el nivel de estas organizaciones.
