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En una gran parte de España -a saber, en las provincias del Norte, Galicia, León y Castilla la Vieja, así como en las provincias de Guadalajara y Cuenca en Castilla la Nueva-, la estructura agraria tradicional se caracteriza por la pequeña propiedad y por la fragmentación de las propiedades y parcelas hasta un grado a veces extremo. A pesar de esta situación y del hecho de que hubo en España, desde finales del siglo XVIII, una discusión teórica intensa acerca de los problemas agrarios y que se emprendieron igualmente acciones políticas de largo alcance en otros campos de la estructura agraria, no hubo, contrariamente a lo ocurrido en otros países europeos, una concentración parcelaria hasta la mitad de este siglo. Sólo entonces, en 1952, el Gobierno inició un plan general de concentración parcelaria. Hasta finales de 1982 se han llevado a cabo 3.846 operaciones de concentración. Mediante estas acciones se han redistribuido 13.174.355 acres de tierras pertenecientes a 1.708.792 propietarios, 15.525.450 parcelas se han convertido en 2.078.215 nuevas parcelas. Esto significa una reducción media de 7,47 a 1.
